El gobierno de Nezahualcóyotl informó que alrededor de 74 de las 165 familias que habitan una zona federal de riesgo han manifestado interés en incorporarse al programa de adquisición de vivienda de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), como parte de las acciones para reubicar a quienes viven bajo torres de alta tensión y un gasoducto.
Autoridades explicaron que hace unos días inició la notificación sobre su reubicación, esto luego de que el 1 de julio se registró una fuga de gas natural en un ducto de 24 pulgadas, en la zona conocida como Las Torres de la colonia Benito Juárez.
Como parte de un plan de evacuación realizado por los tres órdenes de gobierno para resguardar la integridad de las personas, por el riesgo que conlleva habitar el sitio.
Adolfo Cerqueda, presidente municipal, aseguró que el proceso busca liberar el derecho de vía federal y salvaguardar la integridad de las familias asentadas en el lugar, así como la seguridad y el patrimonio de los vecinos de las zonas aledañas.
“La reubicación se plantea mediante un programa de adquisición de vivienda de la Conavi, dependencia que reservó espacios en desarrollos habitacionales ya existentes en los municipios de Chalco e Ixtapaluca”, informó.
Según el mandatario, las opciones fueron presentadas a las familias durante visitas a ambos lugares y se prevé que representantes de la comisión expliquen los alcances del programa a quienes estén interesados.
Aunque siempre fue catalogada como una zona de riesgo, la situación se agravó luego de la fuga de gas registrada en la zona, relacionada con el colapso de un ducto tras la perforación de una cisterna.
El mandatario indicó que las acciones se realizan de manera coordinada con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa Naturgy, responsable del gasoducto, y las autoridades federales y estatales.
Recordó que en 2023 la CFE inició un procedimiento contra el gobierno municipal para solicitar su intervención en el desalojo y la limpieza del área, situación que posteriormente dio paso a una mesa de trabajo entre las partes.
El presidente municipal descartó que se vayan a retirar las viviendas mediante el ingreso inmediato de maquinaria y aseguró que antes deben agotarse las etapas de notificación, garantía de audiencia y aseguró que los plazos para atender cada caso pueden ir de 30 a 90 días, después de las notificaciones y de acuerdo con las condiciones del procedimiento.
Respecto a las familias que no acepten incorporarse al programa de la Conavi, el alcalde señaló que deberán buscarse otras alternativas, aunque reiteró que el objetivo de las autoridades es liberar el derecho de vía y reducir los riesgos para quienes viven en el asentamiento y sus alrededores.
