En el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl-Bordo Xochiaca, Estado de México, los módulos con personas recluidas están llenos de chinches, cucarachas y pulgas, dice doña Lety (nombre cambiado por seguridad); su hijo está detenido en ese penal.
“De todo tienen allí nuestros pobres familiares encerrados”, critica la señora. “Amontonan a unos siete en los baños, principalmente son los llamados internos. Los que aún no reciben sentencia y visten de azul”, explica.
“¿Se imagina de cuánto es el diámetro que tienen en cada celda y que metan a siete en el baño? O unos que pagan porque los amarren en la reja, pagan para que los amarren para dormir”, describe, indignada.
De acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria, ese centro cuenta con espacio para 2 mil 093 personas, pero alberga a 6 mil 205, lo que significa que alberga a 4 mil 112 personas por encima de su capacidad, lo que genera condiciones de hacinamiento.
El hacinamiento que se vive entre sus paredes del Centro Penitenciario Neza-Bordo llegó a la discusión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 23 de septiembre; el tribunal concedió un amparo al Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) y ordenó a las autoridades penitenciarias del Estado de México acabar con el hacinamiento en dicho penal.
El IFDP presentó el amparo en 2021 de manera oficiosa de acuerdo con sus facultades y atribuciones para combatir la tortura, ya que con las condiciones de sobrepoblación y mal trato por hacinamiento en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Neza-Bordo era imposible concebir que a las personas ahí recluidas se les está garantizando una estancia digna, explicó el abogado Heber Padilla, abogado y quien llevó el amparo en la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del instituto.
“Un centro penitenciario en el que la sobrepoblación es de más del 196%, no constituye un sistema organizado sobre la base del respeto a los derechos humanos, contraviniendo lo establecido en el segundo párrafo del artículo 18 constitucional”, explicó.
En cuanto la sentencia se publique en el Semanario Judicial, las autoridades del penal deben comenzar a cumplirla y tomar medidas para solucionar el hacinamiento en un plazo de seis meses.
