El pleno del Congreso del Estado de México turnó a comisiones una iniciativa de ley para reformar el Código Penal y tipificar el delito de corrupción inmobiliaria que pueden cometer personas servidoras públicas que por acción u omisión permitan se construya de manera ilegal y para reducir los casos registrados en la entidad en los últimos años.
La propuesta plantea un castigo de 20 a 40 años de prisión, con independencia de otras sanciones que procedan por la comisión de otros delitos y faltas administrativas por servidores públicos que permiten el desarrollo ilegal de diversos fraccionamientos a cambio de beneficios particulares.
En el documento entregado se indica que comete el delito de corrupción inmobiliaria el servidor público que por acción u omisión permita o tolere la construcción de inmuebles, así como la edificación de pisos adicionales a los autorizados, sin el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la ley.
Además, incurren es esta falta a las personas físicas o morales que construyan y edifiquen pisos adicionales a sabiendas de que no cumplen la ley.
Los fraccionadores, constructores o promotores que no cumplan la norma, tendrán penas de 20 a 40 años y con una agravante de hasta una mitad cuando las conductas produzcan beneficio en económico o especie al servidor público o familiares hasta el cuarto grado o tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia.
Históricamente, comunidades indígenas y campesinas han sido las más afectadas ya que han enfrentado abusos legales que resultan en la pérdida de tierras y recursos vitales para su desarrollo cultural y económico.
Estas irregularidades reflejan una preocupante tendencia de aprovechamiento por parte de actores gubernamentales ajenos a la Cuarta Transformación y por entes empresariales en proyectos que, bajo el pretexto de utilidad pública, benefician intereses particulares, sin importar el daño.
Además, supuestos desarrolladores inmobiliarios y funcionariado de gobiernos municipales ajenos a la 4T, han permitido indiscriminadamente el cambio de uso de suelo para beneficiarse de forma directa, con la construcción de departamentos e inmuebles para ser ofertados a personas con recursos económicos limitados y que acaban por adquirir problemas al no tener certeza legal de dicha compra o la estabilidad en la construcción de los bienes adquiridos.
“De dicha problemática social que aqueja a mexiquenses es que, se gesta el concepto de la conducta ilícita de la corrupción inmobiliaria y se propone ensanchar el concepto del delito de fraude y de la misma manera, incluirse en el catálogo de delitos graves previstos en el Código Penal del Estado de México” recalcó.
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