Juan Antonio “N” seguirá su proceso en Neza Bordo

En un operativo llevado a cabo por la Policía de Investigación mexiquense en el municipio de Nezahualcóyotl, se logró la detención de Juan Antonio “N”, presunto responsable de los asesinatos de dos chóferes de camionetas colectivas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México proporcionó elementos de prueba que resultaron fundamentales para vincular al detenido a proceso por el delito de homicidio calificado, en relación con los crímenes.

La captura de Juan Antonio “N” se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por la Autoridad Judicial, la cual se basó en las investigaciones realizadas por el Agente del Ministerio Público.

La FGJEM presentó pruebas que indican la presunta participación del detenido en la extorsión de agremiados de una ruta de transporte público. Debido a ello se mencionó que los asesinatos de los dos chóferes fueron perpetrados como represalia por la negativa de sus líderes a pagar un derecho de piso.

Los hechos tuvieron lugar el 18 de mayo de 2020, cuando las dos víctimas se encontraban en un vehículo de servicio público estacionado en la calle Correo del Norte, colonia Benito JuárezNezahualcóyotl. Según las pesquisas, Juan Antonio “N” llegó al lugar y, sin mediar palabra, disparó contra ambos chóferes con un arma de fuego, causándoles la muerte.

La FGJEM identificó que, previo a los homicidios, Juan Antonio “N” habría exigido dinero a los agremiados de la ruta de transporte público. Esta extorsión se habría realizado con la promesa de brindar protección y evitar represalias. La negativa de los líderes de la ruta a cumplir con dicha exigencia habría motivado el móvil de los asesinatos de ambos.

La Autoridad Judicial, al dictar la vinculación a proceso, estableció un plazo de dos meses y 15 días para el cierre de la investigación complementaria. Además, se decretó una medida cautelar de prisión preventiva justificada para Juan Antonio “N”.

En el Estado de México, las personas involucradas en extorsiones pueden enfrentar penas de dos a ocho años de prisión y multas de cuarenta a ciento sesenta días. En casos donde la extorsión tiene como objetivo forzar a los comerciantes a fijar precios superiores al mercado, la pena puede llegar hasta 20 años de prisión.

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