La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y la secretaría ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, firmaron un convenio de coordinación en el marco de Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Donde ambas instancias se comprometen a destinar 822.6 millones de pesos para atender las políticas, estrategias y prioridades, orientadas al cumplimiento de los ejes estratégicos con relevancia nacional.
El objetivo del acuerdo es coordinar las acciones para que a través de estos recursos se encuentre en condiciones de atender las políticas, estrategias y prioridades orientadas al cumplimiento de los ejes estratégicos, los programas y subprogramas con prioridad nacional, vigentes y demás acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
De conformidad con el presupuesto de egresos de la federación y los criterios de distribución del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública entre los estados, para este ejercicio fiscal al Estado de México le corresponden 658 millones 92 mil 658 pesos.
La entidad federativa se comprometió a aportar una cantidad de 164 millones 523 mil 164 pesos, por lo que el financiamiento en conjunto para este convenio de coordinación, integrado por aportaciones federales y estatales, suman la cantidad de 822 millones 615 mil 822 pesos.
De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal la entidad federativa destinará recursos del financiamiento conjunto para realizar acciones específicas en materia de seguimiento y evaluación, respecto de las acciones, metas, conceptos y recursos asociados de los programas con prioridad nacional, instrumentados en el marco de este convenio.
El estado deberá ejercer los recursos observando criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez, legalidad y transparencia que aseguren las mejores condiciones disponibles en cuanto al precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
El gobierno estatal se compromete a cumplir con lo pactado y establecer dos cuentas bancarias productivas específicas, una para la administración de los recursos federales y otra de la aportación de la entidad federativa, para efectos de fiscalización y tomando en cuenta que el dinero no podrá ser transferido a otras cuentas que no permita identificar su aplicación, destino y rendimientos.
Se compromete a registrar los recursos en su presupuesto, distinguiendo los recursos aprobados por la entidad federativa e informando el detalle en la Cuenta Pública local, así como presentar informes de los gastos y transparentarlos, tendiendo claro que los recursos que al 31 de diciembre de este año se hayan comprometido y devengado, pero no pagado, se deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación, a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2026.
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