Derivado de los miles casos de despojo de viviendas documentados en el Estado de México, la bancada de Morena en el Congreso mexiquense busca tipificar como grave este delito y dar hasta 10 años de prisión a quien cometa este ilícito.
Las autoridades indicaron que ya se investiga a ex funcionarios de un municipio que habrían dado facilidades a “sindicatos” para fomentar esta actividad.
El diputado Octavio Martínez Vargas, refirió que de manera sustancial se busca hacer modificaciones al artículo 308 del Código Penal mexiquense.
“En el Estado de México se comete cada dos horas un delito de despojo. En las agencias del Ministerio Público se presentan vecinos, víctimas de estructuras delincuencial en la mayoría de las veces que ha despojado de sus inmuebles”, mencionó.
“Desafortunadamente al día de hoy, el delito va hasta de 5 años de prisión, pero no hay una sola persona sentenciada en el Estado de México por el delito de despojo, es absurdo y por otro lado, pues encabezamos el número uno en despojos en toda la República Mexicana, por eso apremia modificarla redacción de este artículo que busca agravar la pena”, expresó.
El documento que ya está en estudio en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del congreso mexiquense plantea:
- Que sea un delito grave con una pena de hasta 10 años de prisión.
- El infractor no tendría ningún beneficio de ley, no podría llevar su proceso en libertad, no habría caución económica y no podría haber reparación de daño
La conducta sería agravada cuando:
- Se cometa contra en perjuicio de adultos mayores.
- Se use o intervengan servidores públicos.
- Se utilice la fuerza para despojar a una familia.
- Se rompan cerraduras de inmuebles y se aproveche la ausencia de la familia.
- Se presente un documento apócrifo que busque acreditarla propiedad, contrato privado, un contrato de arrendamiento.
La intención es que los diputados den a los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) las herramientas suficientes para atender este delito y obligar a que en un plazo no mayor a 48 horas le soliciten al juez de control la restitución del inmueble al legítimo propietario, tras acreditar ser propietario, que tenga inscripción en el registro público de la propiedad, escritura pública, título de propiedad, entre otros.
El diputado morenista indicó que hay la sospecha de que este delito creció consecuencia del contubernio de autoridades locales y grupos criminales, algunos de ellos, denominados “sindicatos” que han dicho querer ayudar a las personas, pero facilitan los delitos.
“En ninguna parte del mundo, se consolida el crimen sin la participación de la autoridad. En el caso concreto de Ecatepec es el municipio que encabeza el mayor número de delitos de despojo, se consolidó el crimen con la participación de las ex autoridades municipales que encabezó Fernando Vilchis“, acusó.
“Él facilitó desde la administración pública cambio de claves catastrales, traslado de dominio derecho de predio y de agua, para efecto de facilitar el despojo a través de una estructura que él creó, que él fomentó, que él alentó, que él fortaleció, que le denominó Los 300“, explicó.
Martínez Vargas denunció que en este municipio existe el conjunto habitacional “Héroes Primera Sección”, que tiene mil 600 viviendas y que por lo menos un cuarto supuestamente han sido despojadas de sus dueños.
“A 25 años, 400 vecinos de esa unidad de mil 600 han sido despojados, 400 denuncias de esa comunidad que se encuentra a 2 kilómetros del Palacio Municipal y no ha avanzado una sola de esas 400 carpetas de investigación”, agregó.
Sobre el grupo Los 300, informes de la Fiscalía estatal relatan que esta agrupación no solamente tendría actividades de despojo, sino que aparentemente operaría una red de extorsión.
Su líder es identificado como Luis “N”, alias El Conejo y fue vinculado a proceso en marzo por su presunta participación en los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa. La autoridad tiene la sospecha de que participaría en actividades como homicidios, extorsiones, despojos y daños a los bienes, entre otros.
“Un bien preciado jurídicamente tutelado que es el patrimonio está siendo despojado de manera fragrante en el Estado de México y en la Fiscalía del Estado no hace nada y pareciera que el Congreso tampoco quiere hacer nada y por eso necesitamos actuar y ayudarle a nuestra gobernadora para efectos de reducir índices delictivos y que delincuentes vayan a prisión”, exhortó.
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