Familiares de personas privadas de la libertad en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca denunciaron una red de tortura, aislamiento prolongado y extorsión económica operada al interior del penal, particularmente en el módulo 16, donde al menos 12 internos permanecen castigados por negarse a pagar cuotas ilegales o a participar en dinámicas de control interno.
De acuerdo con los testimonios, además de las golpizas, a los internos castigados se les retira o raciona la comida, se les mantiene en aislamiento por meses y se les condiciona el regreso a población general al pago de cantidades que oscilan entre 5 mil y 25 mil pesos. Quienes no pueden pagar, denuncian las familias, permanecen encerrados indefinidamente.
Las madres de los internos aseguran que existe incluso una lista de personas castigadas, la cual es retirada por los propios custodios cada vez que se anuncia la visita de funcionarios de derechos humanos. En esos momentos, los internos son trasladados y ocultados para impedir que sean vistos durante las supervisiones oficiales.
Aunque las denuncias señalan a doce personas sometidas a estos castigos, sólo se logró recuperar evidencia fotográfica de cuatro internos. Entre ellos se encuentran Raymundo Soto García, Eder González Reyes, Julio César Chaparro Covarrubias y Jeffrey Herrera Lucas.
“Tememos por ellos, temo por mi hijo, porque los golpean bien feo”, declaró Celia Lucas, madre de Jeffrey Herrera Lucas, un caso de fabricación de culpables documentado desde hace varios años. Herrera Lucas fue detenido bajo tortura para que se incriminara por un delito que no cometió y su madre presentó su caso en el Foro de Fabricación de Culpables en 2018, realizado en la Cámara de Diputados, así como ante la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, no sólo continúa preso, sino que su integridad física y psicológica ha sido puesta en riesgo de manera reiterada dentro del penal.
De acuerdo con la madre, las agresiones contra Herrera Lucas se intensificaron por no poder pagar las extorsiones impuestas por quienes controlan el módulo.
“Primero lo torturaron para detenerlo y ahora lo siguen golpeando en prisión”, relató.
La madre de Eder González Reyes también expresó temor por la vida de su hijo.
“Ellos están peleando por sus derechos. Les quitan la comida o les cobran por ella. Es mucho dinero lo que pasamos nosotras. Mi hijo ya tiene 3 meses aislado y le dijeron que si quería bajarse a población tenía que pagar cinco mil pesos. Si no pagan, los mantienen ahí. Hay gente que lleva hasta un año”, denunció.
La madre explicó que el módulo de castigo es el 16, pero que cuando ingresan visitadores de derechos humanos, los internos son escondidos en el módulo 14, un espacio que (según las propias familias) no aparece oficialmente en la estructura del penal. Durante esas visitas, aseguran, desaparecen las pertenencias de los internos y se limpia la zona para simular condiciones normales de reclusión.
Las denuncias no son aisladas. Desde mayo de 2025, medios locales del Estado de México han documentado prácticas de extorsión y abusos dentro del penal sin que hasta ahora exista una intervención efectiva de las autoridades. Se reportó que, a menos de un mes del arribo de la directora Merly Ingrid Cuéllar Romero, las extorsiones se recrudecieron, afectando también a familiares durante las visitas.
Según ese reporte, se cobra 30 pesos por ingresar comida “prohibida”, 60 pesos para evitar revisiones corporales, y porcentajes adicionales si los familiares intentan ingresar dinero, con tarifas que varían según el monto.
Ante la gravedad de los hechos, Ivonne Reyes Pérez y Celia Lucas Carrillo, madres de Jeffrey Herrera Lucas y Eder González Reyes, respectivamente, presentaron una queja formal ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el 22 de enero de 2026, solicitando medidas urgentes de protección. En el documento, dirigido a la presidente del organismo, las madres responsabilizan al penal y a su dirección por cualquier daño físico o psicológico que puedan sufrir sus hijos, y denuncian que los castigos y extorsiones se mantienen desde hace meses con total impunidad.
En la queja, las firmantes advierten que ya acudieron previamente a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, sin que se haya iniciado investigación alguna, y hacen un llamado urgente a la CNDH y a la Secretaría de Gobernación para intervenir. “No queremos más muertos en el penal”, señala el documento.
Las familias solicitaron formalmente la protección de sus datos personales ante el riesgo de represalias. No obstante, dada la gravedad de los hechos y ante la falta de respuesta institucional, autorizaron de manera expresa la difusión de sus nombres y los de sus hijos, con el objetivo de visibilizar la situación y exigir la intervención inmediata de las autoridades competentes.
