Aspirantes a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Edomex

Desde capacitación constante hasta la creación de un Tribunal Virtual de Resolución Rápida, una Red Estatal de Inteligencia Judicial, establecer cuatro meses como plazo máximo para resolver cada juicio, reestructurar los juzgados para una mejor distribución del trabajo y establecer audiencias públicas para informar de los avances de los casos más relevantes ofrecen las 3 mujeres y 10 hombres que buscan la presidencia del Poder Judicial del Estado de México (PJEM).

Los 13 nombres estarán en la boleta rosa para que el primero de junio elijas una opción de quién podría encabezar el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a partir del mes de septiembre y de manera rotativa cada dos años, pues la ley señala que quien tenga más votos estará al frente dos años y luego quien haya tenido más apoyo en el género contrario, con el fin de garantizar la paridad.

De acuerdo con la reforma, la presidencia recaerá los 2 primeros años en la persona que obtenga mayores votos quien además deberá ganar en el distrito de competencia para que al terminar su encargo al frente del Poder Judicial se incorpore al trabajo como magistrado o magistrada.

Las 3 mujeres que participan son Martha Alicia Flores Cordero, Erika Isela Castillo Vega y Juana Dávila Flores.

Los hombres son Cristian Giovanni Ramos Quintero, Héctor Macedo García, Israel Abif Montoya Arce Nava, Joel Alfonso Sierra Palacios, Luis Alberto García Gutiérrez, Luis Fernando Camacho Lupercio, Marco Antonio Nava y Navas, Mario Luis Rojas Serrano, Pablo Espinoza Márquez y Rafael González Oses Cerezo.

De acuerdo con la plataforma “Conóceles” que diseñó el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), con el perfil que proporcionaron las y los candidatos sólo 3 de los contendientes se encuentran en funciones y hacen campaña hasta que salen de sus labores; el resto lo puede hacer las 24 horas del día.

En lo que se refiere al grado de estudios hay dos competidores que solo cuentan con licenciatura, cinco con maestría, cuatro con doctorado y dos tienen posdoctorado.

La mayoría tiene experiencia en el ramo judicial y ha laborado por varios años en este poder, en algunos casos más de 40 años. Las edades promedio que tienen seis es alrededor de los 40 años, cuatro más están en los 50, uno tiene 66 años y el otro 75, con un caso que no proporcionó información.

En los datos que se presentan se establecen los medios de contacto públicos para que la gente pueda entablar comunicación a través de sus redes sociales, correo electrónico, teléfono público de contacto y aunque se menciona la página web la inmensa mayoría no proporcionó información sobre el tema.

En la pregunta de su visión acerca de la función jurisdiccional y de la impartición de justicia en la entidad, hacen referencia al rezago histórico que enfrenta el PJEM, causando una imagen de ineficaz; además, reconocen la percepción de corrupción que incrementa la desconfianza ciudadana, la insuficiencia de recursos, la inadecuada planeación de su infraestructura y el aumento de la violencia.

Hacen hincapié que el sistema judicial se ha tornado lejano, burocrático, corrupto y se ha llegado a convertir en un privilegio por lo que es urgente modernizar los procesos, hacerlos claros, erradicar la corrupción con transparencia, capacitar a todo el servicio público y aplicar la ley con ética.

Señalan que sus razones para buscar el cargo son el tiempo que llevan laborando en él, que han hecho del servicio público su vocación, quieren contribuir con su visión a fortalecer la justicia, tienen un compromiso con la búsqueda de la justicia, además de identificarse con la reforma judicial, tener la preparación y querer luchar contra la justicia obsoleta.

En las propuestas se encuentran generalidades donde hablan de la necesidad de tener una visión humana, escuchar a la ciudadanía, recuperar la confianza y credibilidad; garantizar la prontitud, la transparencia y no corrupción; eliminar las barreras de discriminación y garantizar la justicia para grupos vulnerables; proporcionar una justicia cercana y eficaz, ajustar la carga de trabajo.

En algunos casos consideran conveniente crear un Tribunal Virtual, una Red Estatal de Inteligencia Judicial con Inteligencia artificial, para unificar criterios y resolver con precedentes. En la mayoría de los casos se insiste en la capacitación y especialización, cumplir con la calidad e institucionalidad y alguien puso como plazo cuatro meses para resolver cada caso.

Indican que se debe impulsar la reestructuración de juzgados para agilizar los trámites, difundir mecanismos alternativos de solución de controversias, generar audiencias públicas para informar de cara a la sociedad de los casos más relevantes y sus avances, y aunque no les corresponde directamente quieren la creación de leyes para establecer procedimientos menos complicados.

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