Activistas, políticos, líderes, integrantes de la cultura y académicos, más de 350 personas; así como integrantes de 92 organizaciones sociales, exigieron la liberación inmediata de la presa política Kenia Hernández Montalván quien se encuentra recluida en el penal estatal Neza-Sur, donde purga condena de 21 años por los delitos de robo y ataques a las vías de comunicación.
En respuesta al reciente comunicado firmado por seis organizaciones internacionales pro derechos humanos, la justicia, contra la tortura y la desaparición forzada; partícipes de la promoción la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, los hoy firmantes exigen la absolución de la indígena amuzga.
Los firmantes, públicamente solicitaron una mesa de trabajo con los integrantes del Poder Judicial del estado de México (PJEM) la cual, consideraron, debe establecerse en lo inmediato, pues ya quedó demostrado que Kenia Hernández no es una delincuente y fue encarcelada por su labor en defensa de las garantías individuales de los indígenas y los pueblos originarios.
“Que revisen todas las anomalías y violaciones a derechos humanos y la ilegalidad que hubo en sus procesos que llevaron a sentenciarla injustamente por delitos que no cometió y donde de hecho demostró con pruebas científicas que ni siquiera estuvo en el lugar de los hechos que se le imputan”.
Del 2010 a la fecha, los gobiernos federal y estatal, interpusieron diez denuncias penales contra la activista amuzga quien fue detenida en el año 2020; luego de permanecer recluida en un penal de máxima seguridad de Morelos y en otras cárceles mexiquenses; actualmente, está privada de la libertad en la cárcel femenil, ubicado en esta localidad.
La abogada y luchadora social originaria del estado de Guerrero, fue absuelta de ocho denuncias interpuestas por la Fiscalía General de la República; sin embargo, en el ámbito local, el PJEM, le condenó por supuestamente robar dinero en dos casetas de cobro de autopistas de la región de Toluca y Ecatepec; de igual manera, se le sentenció por ataques a dichas vías de cuota.
El comunicado difundido por el Centro Pro Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, lo signaron más de 350 personas entre activistas, luchadores sociales, representantes de la cultura y el magisterio, además de ciudadanos de las comunidades indígenas y afrodescendientes que conocen la labor de Kenia.
Hace seis días, se difundió el comunicado signado por la ACAT Francia; el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); CIVICUS: Alianza Global para la Participación Ciudadana; la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH); la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y Front Line Defenders, quienes sostienen que es obligación del Estado garantizar una protección judicial efectiva, reparar violaciones a derechos fundamentales y evitar que se consolide la criminalización.
