La Operación Desconexión dejó un saldo de 102 personas detenidas en el Estado de México, de las cuales 77 son de origen extranjero, tras un despliegue de 46 días enfocado en redes de extorsión que operaban mediante call centers y esquemas de préstamos informales.
Las acciones se centraron en estructuras que utilizaban llamadas telefónicas, mensajes de texto y plataformas digitales para contactar a víctimas, obtener información personal y exigir pagos bajo distintas modalidades.
Como parte de las diligencias fueron asegurados 192 inmuebles. De ese total, 67 correspondían a espacios identificados como call centers. También se intervinieron cinco centrales de préstamo, 14 puntos de venta de estupefacientes y 106 giros utilizados como fachada.
Las investigaciones establecen que estos sitios funcionaban como puntos de operación para coordinar llamadas, almacenar bases de datos y ejecutar esquemas de contacto masivo.
Entre el 8 de julio de 2025 y el 30 de marzo de 2026 se registraron mil 84 denuncias por extorsión en la entidad; 62 por ciento se cometieron bajo modalidades no presenciales.
El Operativo tiene presencia en los siguientes municipios:
- Atizapán
- Coacalco
- Cuautitlán Izcalli
- Ecatepec
- Ixtapaluca
- Metepec
- Naucalpan
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Otzolotepec
- Tecámac
- Tlalnepantla
- Toluca
- Valle de Chalco
De acuerdo con los datos de investigación, en los call centers se realizaban actividades relacionadas con extorsiones, ofrecimientos fraudulentos de productos y suplantación de instituciones financieras.
Las personas involucradas utilizaban páginas web clonadas y llamadas telefónicas para simular ser empleados de entidades bancarias. A través de estos mecanismos alertaban sobre supuestos movimientos en cuentas, con lo que obtenían datos confidenciales o transferencias.
También se detectaron prácticas relacionadas con supuestos premios y envíos de paquetería, bajo esquemas similares de contacto y engaño.
En las llamadas centrales de préstamo se otorgaban créditos con condiciones poco claras, en efectivo o mediante la entrega de bienes. Los esquemas contemplaban pagos frecuentes con intereses elevados.
Cuando las personas no cubrían los pagos, se documentaron actos de intimidación para exigir el dinero, tanto por vía telefónica como de manera presencial.
Las investigaciones también refieren que estas redes utilizaban otros giros y puntos de venta de droga para diversificar ingresos y sostener su operación.
Durante la operación se aseguraron servidores, equipos de cómputo, teléfonos celulares, chips telefónicos, dispositivos bancarios, armas de fuego, narcóticos y documentación diversa.
Entre los materiales localizados se encuentran listados con información personal, copias de identificaciones oficiales, comprobantes y datos financieros, así como manuales y guiones utilizados para realizar llamadas y mensajes.
De las 102 personas detenidas, 50 ya fueron vinculadas a proceso con medida cautelar de prisión preventiva. Entre ellas hay ciudadanos de distintas nacionalidades.
El resto permanece a disposición de las autoridades correspondientes, mientras que en el caso de las personas extranjeras se dio intervención a instancias migratorias para determinar su situación.
Las indagatorias también relacionan estas actividades con otros delitos como secuestro exprés, trata de personas, lavado de dinero y suplantación de identidad, lo que permitió ampliar las líneas de investigación en torno a estas redes.
