Aunque el Estado de México es la única entidad que cuenta con sistemas municipales anticorrupción del país, entre 60 y 70 por ciento enfrentan problemas porque no les permiten trabajar y en 7 casos ya están en semáforo rojo porque no cuentan con ni un solo integrante, dio a conocer la presidenta del Comité de Participación Ciudadana de la entidad, Claudia Margarita Hernández Flores.
“Al momento de operar tenemos de los Sistemas Municipales Anticorrupción, ya operando, tenemos entre 60 y 70 por ciento, según la última encuesta que hicimos con nuestros sistemas municipales, en los que no les permiten trabajar, no les dan acceso a los servidores públicos, no les han cubierto la totalidad de sus prestaciones y no hacen sesiones de Comité Coordinador y si no hay sesiones del Comité Coordinador no pueden llevar acciones para prevenir, detectar o sancionar actos de corrupción”, sostuvo.
Durante una visita al Congreso local, detalló que los 7 sistemas desinstalados son los de Aculco, Chalco, Chapa de Mota, Chiconcuac, Morelos, Polotitlán y Santo Tomás, donde ya no hay integrantes y se debe iniciar de cero, para la conformación de las comisiones seleccionadoras y finalmente a quienes estarán al frente del Comité los siguientes años.
“El resto de los sistemas afortunadamente se encuentran en semáforo verde, es decir, que tienen a sus tres integrantes y están completamente instalados”, sin embargo, reconoció que falta voluntad política en todos los casos para dejarles hacer su trabajo y apoyarles con la entrega de información, el acceso y otros detalles, por lo cual sólo entre 30 y 40 por ciento operan de manera óptima.
Hay casos emblemáticos como en la zona norte, donde San Felipe del Progreso, Ixtlahuaca, Jiquipilco y Jocotitlán, pese a ser municipios con recursos limitados por el número de población que tienen y el nivel de marginación, están trabajando a 100 por ciento y son ejemplo de un buen trabajo.
En cambio, la desinstalación de los 7 comités fue el resultado de la falta de voluntad política, porque en estos casos no había contratos firmados o bien, si tenían contratos de prestación de servicios firmados no habían sido cubiertos sus pagos en los últimos 8 meses que estuvieron laborando.
Claudia Hernández, acotó que han tenido acercamientos con las autoridades de estos municipios, así como jornadas regionales para hacerles saber a las y los presidentes y sus cabildos que la conformación de los sistemas municipales anticorrupción son una obligación legal, por lo cual se les debe permitir trabajar y cubrir los pagos de honorarios correspondientes, aunado a la obligación que tienen para hacer llegar los informes trimestrales de actividades, al sistema estatal.
“Lo que buscamos con esto es que no haya un sesgo y que se piense que sólo es por un tema de honorarios, sino que tienen que estar reportando actividades de manera trimestral, orientadas a cumplir con la política estatal anticorrupción, y aparentemente con estos acercamientos habíamos tenido buena recepción, pero hoy tenemos la desinstalación de estos siete sistemas”, destacó.
Por ello, estas autoridades y en especial la cabeza de cada ayuntamiento, son acreedores a responsabilidades administrativas, por lo cual van a dar vista a la Contraloría del Poder Legislativo para que inicie los procedimientos correspondientes.
Estas serían las primeras vistas. El año pasado fue el caso de Toluca, en donde las y los integrantes renunciaron por falta de pago y ya se corrigió la falta.
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