José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México, propuso a la Legislatura mexiquense reformar el Código Penal para crear una nueva figura penal que atienda los problemas sociales de coacción que ejercen grupos criminales a pequeños comerciantes con el fin de imponerles condiciones de mercado.
La iniciativa de ley presentada en el pleno del Congreso plantea castigar de seis a 10 años de prisión e imponer de 1,000 a 1,500 Unidades de Medidas y Actualización (UMA) a quien genere un alza de precios, competencia desleal o distorsione el mercado en una localidad o región y hasta 20 años extras si existen agravantes.
Luego de las constantes quejas de polleros que son obligados por el crimen organizado a vender a determinado precio y comprar a un solo distribuidor, sobre todo en el sur, donde además controlan el huevo y otros productos de consumo básico.
Se considera que el delito se presente cuando se induzca o provoque que una persona o unidad económica compre, obtenga o adquiera de otra persona, comercio o empresa, los bienes o insumos para su giro comercial; cuando se obligue a comprar, vender o distribuir bienes o insumos a personas o empresas específicas; y cuando se vendan bienes o insumos a comerciantes del mismo giro comercial en una localidad o región, a un precio por encima del mercado.
El fiscal planteó que se agrave la penalidad si participan dos o más personas, cuando la persona se ostente comcon una pena de 3 a 5 años y de 500 a 800 días multa más y con siete a 15 años de prisión y de 1,300 a 2,000 días multa o miembro de alguna asociación o grupo delictuoso o se cometa violencia.
La iniciativa de ley fue turnada a comisiones para su análisis con el fin de resolver lo antes posible la competencia desleal, la distorsión del mercado y los daños a la economía de las familias comerciantes.
El documento dado a conocer en el pleno considera necesario proteger y propiciar la actividad comercial en la entidad.
“El desarrollo económico debe ir acompañado de una evolución normativa que atienda los fenómenos que se suscitan en la sociedad, a raíz del crecimiento económico y que, en dado caso, algunos de estos fenómenos pudieran lacerar a los generadores de bienestar”.
Estableció que se deben contener los factores que impactan negativamente en la economía y desarrollo, con gente que fuera de la ley coacciona a los comerciantes a redireccionar su intermediación y adquirir bienes a terceros que alteran artificialmente los costos de productos básicos, generando monopolios.
La coacción se hace mediante amenazas para que no se denuncie esta actividad, aunado a que no existe un tipo penal en el cual encuadren estas actividades, por lo cual piden adiciones al capítulo de delitos contra la economía y en específico contra el consumo.
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