El presidente Ricardo Sodi Cuellar considera que en esencia es un proyecto muy positivo, pero que se debe analizar.

Poder Judicial Edomex calculará si puede asumir gasto de la Defensoría Pública

Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Poder Judicial del Estado de México, consideró necesario hacer un estudio de viabilidad financiera para saber qué tan costoso podría resultar hacerse cargo de la Defensoría Pública en el Estado de México y en cuánto tiempo se podría llevar a cabo este ajuste.

Luego que la bancada de Morena propuso actualizar la Ley Orgánica del PJEM para que las y los defensores públicos dejen la Secretaría de Justicia y dependan directamente del Poder Judicial, para que no sean jueces y partes, el magistrado consideró conveniente el tema porque ya se lleva a cabo y con mucho éxito a nivel nacional.

“Es un proyecto en esencia muy positivo porque la federación ya lo tiene así, pero por el momento no tienen cuantificado el costo que implica hacerse cargo del cuerpo de abogados y abogadas, ni de la necesidad de aumentar la cifra para reducir la carga de trabajo y aumentar la eficiencia”.

La capacitación consideró que no será un tema difícil porque el cuerpo de Defensores Públicos en el Estado de México es muy bueno, muy eficiente y tiene mucha experiencia por la cantidad de juicios que han litigando en los últimos años.

“Realmente el proceso de capacitación no va a ser muy complejo porque tenemos una buena materia prima y un gran capital humano” el cual tendría que ajustarse a los tabuladores salariales del Poder Judicial, lo cual implicaría un incremento en sus percepciones.

Explicó que no sería un tema que se pudiera llevar a cabo por el costo que implica, requeriría plantearlo en un año y medio, para que se pueda llevar a cabo por etapas y de esa manera el ajuste presupuestario pueda ser de manera paulatina.

La propuesta del diputado Ariel Juárez Rodríguez establece que, para su adecuado funcionamiento, el Poder Judicial mexiquense debe contar con un órgano denominado Instituto de la Defensoría Pública, con un director nombrado por el Consejo de la Judicatura.

Su argumento principal es que el Poder Ejecutivo no puede ser juez y parte en los procesos de detención de personas, es decir, no puede acusar a los presuntos culpables y por el otro lado defenderlos.

La iniciativa se encuentra ya en comisiones para su análisis y discusión. Se espera que en los próximos días arranque el análisis y se pueda dictaminar en un par de semanas, antes del análisis del Paquete Fiscal para establecer los ajustes en el presupuesto de 2023.

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